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Israel debe ser expulsado de Eurovisión


Israel debe ser expulsado del Festival de la Canción de Eurovisión. No de manera permanente pero, de momento, sí de cara a la edición del próximo año. De no hacerlo, la organizadora de este ya histórico certamen, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), cometería el peor error de su recorrido y entraría en una espiral que incluso podría acabar con Eurovisión.

¿Y por qué? Porque no se puede permitir una contradicción tan flagrante como expulsar a dos países como son Bielorrusia y Rusia por vulnerar los derechos humanos y al mismo tiempo mantener a otro, Israel, que en estos momentos está cometiendo ya no solo crímenes de guerra en la Franja de Gaza (Palestina) sino un auténtico genocidio según un reciente estudio de Naciones Unidas (ONU), que se extiende también al otro territorio palestino, Cisjordania. 

En el año 2021, la UER expulsó a Bielorrusia debido a la cruel represión que su régimen ejercía contra la oposición. Un año después, expulsó a Rusia después de la invasión de dicho país a Ucrania, vulnerando en el proceso todo el Derecho internacional y comentiendo crímenes probablemente de lesa humanidad en el camino hacia la capital, Kiev. Ambas decisiones fueron ampliamente apoyadas: Eurovisión no podía ser una plataforma de publicidad de países que violen derechos fundamentales. No podía permitírselo: Eurovisión fue creada para unir a los países europeos unos pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Incluso el lema del festival es "United by Music", unidos por la música. Y todos sabemos que este festival nunca ha sido solo una competición de televisiones públicas sino mucho más.

Sin embargo, ahora la UER se encuentra en una situación compleja. Después de dos años, Israel está destruyendo piedra a piedra Gaza, aniquilando a la población civil, incluidos miles y miles de niños. Y no lo hace en secreto sino que hay ministros israelíes que admiten públicamente que su objetivo es expulsar a la población palestina del enclave para anexionárselo y, si para ello debe arder todo, adelante. 

Los horribles e injustificados atentados de la banda terrorista islamista Hamás en 2023 fueron firmemente condenados por la comunidad internacional y también por el gobierno oficial palestino, la Autoridad Nacional Palestina. Israel no puede mantener una masacre, un genocidio, con la excusa de dichos atentados y de los rehenes que tomaron los terroristas. Están muriendo niños y se está destruyendo a toda una comunidad, impidiendo el acceso de alimentos básicos y provocando una hambruna extrema. Recordemos que en Gaza vive un millón de personas apiñadas, incluidos esos rehenes que parece que le importan poco al gobierno israelí.

Ante todo esto, Europa y la UER han guardado (con alguna honrosa excepción) un silencio cómplice y vergonzoso. Un silencio que en los últimos meses se está rompiendo, ante lo evidente: el asesinato masivo de personas por parte de Israel. En esta situación, la participación israelí en Eurovisión (y tampoco en otras competiciones, incluidas todas las deportivas) es inviable. Y si lo hace, será a costa de la retirada de no pocos países y de provocar un daño imperdonable en la reputación del concurso, algo que por otro lado ya ha hecho. Tanto el año pasado como este, el gobierno del país hebreo ha impulsado el televoto en otros países con estrategias, como mínimo, controvertidas. En la edición de este año, ganó el televoto y en ninguno de los meses siguientes la canción de Israel ha estado entre las más escuchadas en plataformas, una dicotomía como mínimo sospechosa.

En cualquier caso, la hoja de ruta para cualquier persona decente que respete de verdad los derechos humanos, la democracia y la libertad está clara: Israel debe ser expulsada del festival hasta que su gobierno decida frenar la masacre y genocidio en Gaza y abrirse al diálogo con las autoridades palestinas mediante una mediación internacional. La paz en esa región solo se logrará cuando se creen dos estados, es decir Israel y Palestina, que convivan y cooperen, como hace ya Israel con otros vecinos como Jordania o Egipto, con los que se enfrentó en el pasado. Mientras siga en esta deriva ultra y destructiva, debe ser expulsado de toda competición internacional, como se hizo también con otros países que no respetaban los derechos humanos, como Rusia o la Sudáfrica del Apartheid.

Perseverancia

 

En 2016 aprobé mis primeras oposiciones para ser profesor de Geografía e Historia. Yo estudié Historia en la universidad de 2010 a 2014 y, después, el máster de formación de profesorado en ESO y Bachillerato de 2014 a 2015. Fueron muchos años de trabajo universitario pero que por sí solos podían no ser suficientes para ejercer la docencia. Así, hice las oposiciones.

Las oposiciones son el típico sistema en España para acceder a la función pública. Los profesores de colegios e institutos públicos somos funcionarios, por lo que trabajamos para el Estado y este es el responsable de pagarnos por ello. Por ello, hay que pasar por las ya mencionadas oposiciones, algo que no ocurre en el caso de los profesores de la educación privada o privada-concertada, que seleccionan a su profesorado siempre que este cumpla con los criterios establecidos para ello (en formación académica y formación docente).

Una vez dicho esto, necesario para entender cómo funciona el sistema de selección de docentes, quiero comentar que, pese a aprobar en 2016, lo hice sin conseguir una de las plazas. Aun aprobando con un notable, carecía de experiencia docente y, por ello, casi no tenía puntos de méritos, lo que hizo imposible sacar plaza. Además, tampoco quedé en un puesto destacado de la lista de interinos, por lo que no me llamaron en todo ese curso 2016-2017.

Tuve que buscarme la vida y trabajar en otros sectores aunque no me gustase nada. Pude ver lo que es trabajar duro por un sueldo modesto, adelgazar de no parar y otras cosas que hacen día a día millones de personas, y empatizar por ello desde entonces.

En 2017, no obstante, la situación cambió. Primero abandoné ese trabajo en un hipermercado y decidí que tenía que apostar por mi profesión. Así, entré como profesor en una academia en Alcalá de Henares. Estuve dando clase ese verano de 2017 y seguí a su término. El sueldo era bajo dado que no eran muchas horas y, además, daba clase de casi todo lo que tuviera que ver con las Humanidades y Ciencias Sociales, desde lengua castellana a inglés, filosofía o mi querida materia, Geografía e Historia (aunque esta en pocos casos). Ese verano también conseguí habilitarme en inglés, de manera que podía dar clase de mi materia tanto en español como en inglés, algo muy necesario en la Comunidad de Madrid, en la que en los centros bilingües mi materia se imparte en lengua inglesa. Es algo polémico y con resultados a veces discretos pero para mí era fundamental para acceder a la docencia, vistos los resultados de 2016.

En octubre de 2017 se me abrió una nueva oportunidad. Una antigua compañera de trabajo me avisó de que había tenido que abandonar un colegio concertado por problemas con el certificado bilingüe, para que presentase mi candidatura. Le estoy muy agradecido ya que esto permitió que me incorporara al mismo ese mismo mes. Sin embargo, mi experiencia en ese centro fue más bien difícil. Me encontré con alumnos y alumnas muy problemáticos en bastantes casos y con una educación que dejaba mucho que desear. Esto, sumado a que estaba muy verde como docente y a una lamentable falta de apoyo de la dirección del colegio (todo hay que decirlo), conllevó que me cuestionase si de verdad estaba capacitado para dar clase en esos niveles. Con todo, sobreviví y acabé el curso sin mayores contratiempos… justo para hacer mis segundas oposiciones en 2018.

Volví a aprobarlas y con una nota semejante a la de 2016. El problema fue que me encontraba casi en la misma situación que dos años atrás y no tenía suficientes puntos de experiencia en el baremo, con lo que volví a aprobar sin plaza. El sabor esa vez fue, sin embargo, agridulce. No conseguí plaza pero ese verano se me asignó una plaza vacante para trabajar en el siguiente curso como funcionario interino por primera vez. Así podía ir sumando puntos de experiencia en el baremo para futuras oposiciones y podía trabajar en lo que quería y, además, cerca de casa gracias a la habilitación bilingüe y a haber aprobado ya dos oposiciones.

Estuve tres años trabajando en el mismo instituto en Torrejón de Ardoz. Aprendí mucho en esos primeros años, con clases en su mayoría agradables, en especial una de 2º de Bachillerato, las de 4º de ESO y también algunas de 1º, 2º y 3º de ESO.

En 2020 tocaban mis terceras oposiciones… pero llegó la pandemia y, con ella, se paró todo. Las oposiciones se pospusieron un año por seguridad y las clases se interrumpieron teniendo que lidiar durante meses con esa educación on-line que se queda muy, muy lejos de la educación presencial, os lo aseguro. El siguiente curso, 2020-2021, fue de tensión extrema debido a la pandemia. Clases con ventanas abiertas, mucho frío, mascarillas y cierta psicosis. Incluso uno de mis compañeros de departamento falleció de covid, lo que me afectó muchísimo, viendo muy de cerca el rostro más oscuro de la pandemia.

Y, a finales de ese curso… las oposiciones. A pesar de la preparación, no aprobé la segunda parte, consistente en exponer a un tribunal una programación y unidad didácticas. Aún no sé los motivos de ese suspenso, ya que no recibí contestación a mi reclamación, en la que pedí que me comentasen qué debía mejorar para la siguiente. Intuyo que fue la temporalización en sesiones, pero nunca se sabrá. En cualquier caso, era la primera vez que suspendía las oposiciones, con lo que sentí que me estancaba profesionalmente.

Afortunadamente, no faltó trabajo. Me enviaron a otro centro, en el que he estado dos años hasta ahora, que también estaba bien y en el que he trabajado a gusto, a pesar de algún grupo de alumnos más complicado de lo que acostumbro, pero eso es parte de mi trabajo y es algo que todo docente debe asumir cuando entra en este mundo: el mundo ideal de alumnos escuchando atentamente al profesor existe… en algunos grupos. En otros, hay que emplearse a fondo en conseguir su atención y, en algunos casos, también su respeto y un mínimo de educación.

Y llegamos así a junio de 2023. Mis cuartas oposiciones, coincidiendo esta vez dos procesos a la vez: de reposición (oposición “normal” para reponer puestos de profesores que se jubilan) y de estabilización (oposición en principio más asequible al no haber partes eliminatorias, con el objetivo de hacer funcionarios a quienes llevaban años de interinos). Hice ambas… y he aprobado las dos. Y esta vez la situación era muy distinta a 2016 y 2018. Llevo ya años trabajando y mi baremo de puntos estaba bastante alto. He sacado plaza (o plazas, al aprobar ambas y haber tenido que elegir una de las dos. La otra queda libre para otra persona).

La moraleja de mi historia personal es que hay que perseverar. En esta vida es difícil lograr los objetivos a la primera y hay que seguir intentándolo. Sin conformarse ni hundirse, trabajando e insistiendo. Todo tiene un coste (unas oposiciones, por ejemplo, son especialmente exigentes desde un punto de vista de salud mental), pero se puede conseguir con paciencia. Y con mi ejemplo quiero transmitir esa idea a mis alumnos y alumnas.

Ah, y que vivan los servicios públicos. Siempre.

La enseñanza de la conquista de América en Educación Secundaria

Recreación de la llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492. Aparecen muy bien aseados y con un objetivo civilizador. La realidad es que con toda seguridad desembarcaron agotados y sucios tras un incierto viaje de más de dos meses.

Acaba de pasar el 12 de octubre y, como siempre, por estas fechas se reabre el debate eterno sobre el papel de España en la conquista y colonización de América a raíz de la llegada de Cristóbal Colón al continente ese día de 1492.

La diferencia este año es que, días antes del 12 de octubre, sectores conservadores españoles no dudaron en airear su ultranacionalismo, criticando abiertamente al presidente de México, que había pedido que España pidiera perdón por la conquista de ese país (de la que hace 500 años), e incluso al mismísimo Papa Francisco, que también había mencionado la posibilidad de pedir perdón.

Por el extremo contrario del espectro político español, sectores de la izquierda reclaman desde hace años que se reconozca la actuación española en América como un genocidio, obviando, al igual que los conservadores, que hay muchos detalles en este tema, que es muy complejo como para tratarlo con un maniqueísmo de buenos y malos que es casi infantil.

¿Cómo enseñamos la exploración, conquista y colonización de América por parte de Castilla (hay que recordar que España como país unificado todavía no existía ni en 1492 ni en todo el siglo XVI) en la Educación Secundaria? Antaño era una historia gloriosa, de reconocimiento a los héroes que lo hicieron posible, jugándose sus vidas para el engrandecimiento de la “patria”. O así se vendía durante la dictadura franquista (y en los años siguientes a esta).

¿Y actualmente? Creo que se ha mejorado bastante el tratamiento de un acontecimiento clave para nuestra historia y la de tantos otro países en el continente americano. Ahora se estudian los imperios amerindios previos a la conquista hispánica (aunque de manera superficial, eso sí) y después se analiza la conquista, aunque el punto de vista del profesor puede variar bastante, a pesar de lo que indiquen los libros de texto. También se presta atención a la colonización y administración de los territorios, teniendo en cuenta las instituciones, el modelo económico o el papel de la Iglesia católica.

¿Cómo lo trabajo yo? Intentando ser lo más objetivo posible en un tema en el que es difícil serlo, aunque, debido a su lejanía temporal, sigue siendo más sencillo que otros como la Guerra Civil, el Holocausto o la dictadura de Franco. Primero, la conquista de las colonias fue violenta, como lo es cualquier conquista que realiza un imperio más poderoso sobre otros menos fuertes o desarrollados tecnológicamente. Negarlo es absurdo. Y, al ser violenta, hubo desmanes, asesinatos y violaciones.

Pero, ¿hubo un genocidio como tal en América? Según el Estatuto de Roma de 1998, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por tanto, el Holocausto entra claramente en la definición de genocidio ya que su intención fue la destrucción absoluta de todos los judíos europeos por el hecho de ser judíos. En el caso de América, es difícil que la violenta conquista se pueda incluir como genocidio: los españoles no pretendían eliminar a los nativos por el mero hecho de serlo sino que querían conquistarles e incorporar esos territorios.

No fue un genocidio como conocemos en el siglo XXI porque, además, no se exterminó sistemáticamente a la población con un plan organizado. De hecho, la zona en la que la población local fue arrasada fue la del Caribe, la primera a la que llegó Castilla con Colón. A los seguros asesinatos que hubo allí con la conquista hay que añadir el efecto de las enfermedades que los españoles llevaron allí sin saberlo (no existía en esa época el concepto de guerra biológica) y que no existían previamente en América, por lo que los nativos no tenían defensas ante ellas y fallecían por centenares en cortos periodos de tiempo. De ahí que, para trabajar en el Caribe, los europeos (y no solo españoles sino también ingleses o franceses) comprasen esclavos africanos, en lo que fue un suculento y vergonzoso negocio que duró hasta el siglo XIX y que se extendió también a Norteamérica.

En América del Sur los nativos resistieron mejor las enfermedades del Viejo Mundo, afortunadamente. Es por ello que la población amerindia sigue siendo mayoritaria en países como Bolivia, Perú o algunos países centroamericanos como Guatemala. Sin embargo, Latinoamérica destaca por la mezcla de etnias que se dio mediante el mestizaje, dado que los españoles se relacionaron con los nativos, algo que otros europeos como los ingleses no realizaron tanto. De hecho, se siguen hablando lenguas nativas de manera destacada en esos países, como el quechua y el aimara. 

 

Principales lenguas amerindias que se siguen hablando actualmente, a pesar de la implantación de las lenguas coloniales tras la conquista: quechua (azul), aimara (naranja), guaraní (amarillo), lenguas mayas (verde), náhuatl (rojo) y mapudungún o mapuche (negro). 

Los conservadores señalan que España no debe pedir perdón porque supuestamente llevó la civilización a América y liberó a sus pueblos del yugo de la opresión, además de cristianizarlos. ¿Acaso ellos habían pedido ser cristianizados? Tenían sus propias religiones, tanto o más complejas que la cristiana. Por otro lado, había grandes civilizaciones en el continente, en especial en algunas zonas como Mesoamérica, el Yucatán y Perú. Pueblos como los aztecas (o mexicas), los mayas y los incas son reconocidos como destacadas civilizaciones que trabajaron campos del saber como la astronomía, la ingeniería o la medicina. Fueron capaces de realizar impresionantes construcciones como los espacios sagrados de Chichén Itzá, en México, o Machu Picchu, en Perú. Un pueblo de salvajes jamás habría construido esos espacios. 

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Chichén Itzá, un ejemplo del nivel de desarrollo de los pueblos amerindios. 

Y, por otro lado, ¿es legítima una conquista solo por que un pueblo esté menos desarrollado? Obviamente no, eso es solo el poder del más fuerte sobre otros más débiles y eso no está dentro de los principios que nos hemos dado desde la Segunda Guerra Mundial, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Unos Derechos Humanos que ya se reclamaban para los nativos durante la conquista, siendo el caso de Bartolomé de las Casas uno de los mejores ejemplos: un español que demandó activamente la protección de los indios.

¿Debe pedir España perdón por la conquista y colonización? No, debe hacer algo más importante: educar a sus ciudadanos y ciudadanas en cómo fue la conquista, reconocer lo que sucedió allí y evitar que algo así pase nunca más. Pedir perdón por una conquista acaecida entre los siglos XV y XVI no tiene más sentido que jugar a la política del siglo XXI. España no existía como tal y los españoles de ahora poco tenemos que ver con los de esa época. Hay quien dice que el rey de España debería pedir perdón porque sus antepasados ordenaron la conquista. Otro error: la actual dinastía es Borbón y estos llegaron al poder en España en 1700, con la conquista más que finalizada.

Por tanto, debemos enfocar la enseñanza sobre la conquista y colonización como lo que fue: una tropelía violenta de un imperio contra pueblos que estaban menos avanzados tecnológicamente y, además, divididos por luchas internas, lo que hizo la conquista más fácil a los castellanos. Pero no puede considerarse que hubiese un genocidio porque entonces no habría actualmente en América personas de origen amerindio y afortunadamente sí las hay. La colonización también supuso el declive de culturas y religiones que fueron sustituidas por la española y ello es algo que también debe tenerse en cuenta.

En definitiva: más educación y análisis científico y menos nacionalismo y populismo con el pasado. 

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Opinión: Menos odio y más concordia

El hemiciclo de la Asamblea de Madrid. El Periódico.

Del latín concordia.

1. f. Conformidad, unión.

2. f. Ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan.

3. f. Instrumento jurídico, autorizado en debida forma, en el cual se contiene lo tratado y convenido entre las partes.

4. f. unión (‖ sortija compuesta de dos anillos enlazados).

Concordia, lo que nos falta, y mucho, en España. Un país que está exhausto después de un año sumidos en la peor pandemia desde la gripe de 1918-1919. Un país que no había terminado de recuperarse de la última gran crisis económica, la Gran Recesión iniciada en 2008, y está otra vez con una situación económica límite. Y en el que, sin embargo, parece que estamos a otras cosas.

Hace apenas unas semanas, tras las elecciones al Parlamento de Cataluña de febrero, parecía que se abría una nueva etapa. No había elecciones a la vista hasta finales de 2022 y ello permitía que el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, llegasen a acuerdos de Estado para renovar instituciones que llevan años caducadas, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE) o el Defensor del Pueblo. De ellas, solo dio tiempo a renovar RTVE ya que el veto del PP a candidatos cercanos a Unidas Podemos hizo imposible que la muy necesaria renovación del CGPJ haya tenido que esperar. Y más con la bomba política de la semana pasada.

La Región de Murcia lleva gobernada por el PP desde 1995. 26 largos años sin alternancia en el poder, con un partido que se ha visto involucrado en varios casos de corrupción y en donde se han creado unas redes clientelares que harían palidecer las de la Antigua Roma, en donde nació dicho concepto. 

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Resultado de las elecciones autonómicas de Murcia de 2019: la suma de PSOE y Ciudadanos alcanzaba la mayoría absoluta. Sin embargo, el partido que se autodenominaba "liberal" prefirió mantener al PP después de 24 años de gobierno y de casos de corrupción y, además, dependiendo del apoyo externo de la extrema derecha. El resultado ha sido desastroso para ellos. 

La Comunidad de Madrid está en una situación similar: el PP gobierna en la misma ininterrumpidamente desde 1995, bajo las presidencias de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003), Esperanza Aguirre (2003-2012), Ignacio González (2012-2015), Cristina Cifuentes (2015-2018), Ángel Garrido (2018-2019), Pedro Rollán (interinamente en 2019) y ahora Isabel Díaz Ayuso (desde 2019). Solo hay que echar un vistazo a esa lista para ver que, desde que Aguirre dimitió en 2012, la inestabilidad se ha hecho endémica en Madrid, con hasta cinco presidentes distintos, eso sí todos del PP, en solo ocho años.

Si tenemos en cuenta los datos de Murcia y de Madrid, solo hay otra comunidad que lleve más años sin alternancia política: Castilla y León, gobernada por el PP desde 1987 (cuando todavía era Alianza Popular). 

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Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2015: las opciones progresistas se quedaron a las puertas y Ciudadanos apostó por mantener en el poder al PP. 

Por tanto, después de seis años de sostenerles, Ciudadanos, nacido como un partido que pretendía renovar las instituciones, perseguir la corrupción y erigirse como alternativa a derecha e izquierda; decidió la semana pasada presentar una moción de censura en la Región de Murcia. Su valentía solo iba a llegar ahí: no pretendían extenderla a otras comunidades en las que gobiernan con el PP, como Castilla y León o Madrid y mucho menos en Andalucía (en donde gobiernan desde finales de 2018). Sin embargo, la dirección del partido naranja no calculó bien la lealtad de sus propios diputados y tres de sus seis diputados en la Asamblea Regional de Murcia decidieron dar la espalda a su partido y, a cambio de suculentos cargos en el gobierno murciano ofrecidos por el PP, hacer fracasar una moción de censura que habían firmado solo dos días antes. El PP rompía el pacto contra el transfuguismo y el PSOE no conseguía la ansiada alternancia política. Además, el PP también se aliaba con disidentes de Vox y les daba ni más ni menos que la Consejería de Educación con el nefasto veto parental en las escuelas, del que volveremos a hablar en otra ocasión.

El mismo día de la presentación de la moción, la presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Ayuso, anunciaba la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo. La tranquilidad que se esperaba de al menos un año y medio sin comicios en España quedaba totalmente rota. Además, Ayuso expulsaba de su gobierno a los consejeros de Ciudadanos, acusándoles sin pruebas de pretender una moción como en Murcia, algo que parece harto improbable teniendo en cuenta las políticas de Ciudadanos en los últimos dos años en cuestión de alianzas. 

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Resultado de las elecciones de 2019: de nuevo Ciudadanos prefirió mantener al PP en el poder, entrando esta vez en el ejecutivo regional, con el nefasto resultado de estas semanas. En las próximas elecciones la Asamblea pasa a tener 136 escaños, necesitándose 69 para la mayoría absoluta. 

Por otro lado, Ayuso, convertida en la heroína de la derecha, simplifica las elecciones como una lucha casi religiosa entre la “libertad” que, por supuesto, ella representa, y el socialismo o comunismo (depende del momento) que pretende destruir a la Comunidad de Madrid sin ningún remedio. Ese socialismo tan peligroso que gobierna en hasta once comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias) que, si atendiésemos a los argumentos de Ayuso, el PP y la extrema derecha, deberían ser páramos absolutamente destruidos por el socialismo, en tenebrosa alianza con el comunismo soviético-etarra-bolivariano (si es que tal cosa existe).

Los excesos verbales solo acaban de empezar y nos queda todavía casi un mes y medio de campaña que se prevé repleta de insultos, descalificaciones, mentiras, bulos e intervenciones impresentables. Además, en la Comunidad de Madrid parece que solo hay dos opciones de gobierno en este momento: o una coalición entre el PP de Ayuso, el más radical del país, y la extrema derecha de Vox; o una coalición progresista entre el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos a imitación del Gobierno de España. Ciudadanos, por su parte, luchará por conseguir el 5 % necesario de votos para poder mantener su representación en la Asamblea de Madrid, algo que no está claro que vaya a conseguir.

De momento el clima es favorable a Ayuso. Pero la ciudadanía debe votar con la cabeza y no con las entrañas. El gobierno de la señora Ayuso solo ha aprobado una sola ley en dos años: la del suelo, quizá para seguir cediéndolo a empresas amigas. El gobierno de la señora Ayuso ha sido irresponsable durante toda la pandemia, jugando a hacer oposición al central por motivos partidistas, rechazando prácticamente todas las medidas para luchar contra el virus, medidas que sí han sido apoyadas por las demás comunidades, incluidas Castilla y León, Galicia, Murcia o Andalucía (todas ellas gobernadas también por el PP). El gobierno de la señora Ayuso no ha sido capaz ni de presentar unos presupuestos para la región, a pesar de contar con el apoyo ciego de Ciudadanos y el indirecto de los ultras. No ha habido gestión en una Comunidad desnortada en los últimos años, que parece que pide una alternancia de gobierno pero que nunca consigue los votos necesarios para ello.

¿Es Madrid una comunidad conservadora? En parte sí. En la capital el PP ya arrasó en 1991 y ha gobernado la ciudad casi ininterrumpidamente desde entonces, con la excepción de los cuatro años de Manuela Carmena. Sin embargo, el conjunto de la Comunidad no es tan conservador como puede parecer. El área metropolitana, por ejemplo, es mucho más favorable a las opciones progresistas, así como los barrios del extrarradio de la capital. El problema es que los conservadores votan más y son más fieles que los progresistas y de clase obrera, que en algunos casos se quedan más en casa y no acuden a votar, como sucedió en 2019.

Movilizar el voto parece una tarea mayúscula en medio de una pandemia que no sabemos cómo va a evolucionar en mayo y, además, teniendo en cuenta que las elecciones están calculadamente convocadas un martes en vez de un domingo, buscando desmovilizar el voto obrero. Sin embargo, debemos conseguir que se vote masivamente. Si no es esta vez, después de quedarse cerca en 2015 y 2019 y después de estos dos años nefastos para Madrid, no será nunca. Necesitamos menos gritos, insultos y fake news, menos trumpismo y populismo. En definitiva, menos odio y más CONCORDIA.

Gestiones desastrosas


La pandemia de covid-19 está poniendo en jaque a gobiernos de todo el mundo. Es lógico al ser la crisis sanitaria más grave desde la de la gripe de 1918 y, además, haberse tornado a su vez en crisis política, social y económica. Sin embargo, esto no absuelve a muchos gobiernos de estar haciendo una gestión nefasta.

Entre los casos más sonados destacan los de países tan relevantes como Reino Unido, Estados Unidos o Brasil. En Reino Unido, su primer ministro negó la gravedad de la covid e incluso apostó por alcanzar la inmunidad de rebaño (es decir, no tomar medidas para que se infectase toda la población y así quedase inmunizada) hasta que él mismo se contagió y estuvo grave en la UCI. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue negando la gravedad de la pandemia a pesar de haber pasado la enfermedad (ojalá le cueste la reelección). Finalmente, Brasil no ha tomado medidas drásticas contra el virus y su presidente, Bolsonaro, lo llamó “resfriado”.

En España ha habido de todo. El Gobierno central reaccionó tarde a la expansión del virus, lo cual fue la tónica común en febrero y marzo en casi todo el mundo. Su error más grave ha sido precipitar una desescalada para la que España no estaba ni de lejos preparada. Faltaban rastreadores y reforzar la atención primaria y, aunque esos aspectos dependen de las comunidades autónomas, el Gobierno tendría que haber tutelado esos esfuerzos en la medida de lo posible durante el verano. Además, el protocolo de rebrotes para aplicar confinamientos se ha aprobado en los últimos días, cuando la situación ya era muy grave en el país.

En cuanto a las comunidades autónomas, hay de todo. Algunas como Asturias, Aragón o la Comunidad Valenciana hicieron mejor los deberes en verano y contrataron rastreadores. Otras, como Castilla y León o Murcia, están gobernadas por los conservadores y tampoco han dudado a la hora de aplicar restricciones si eran necesarias.

El gran problema ha llegado cuando una comunidad se ha negado a aplicar restricciones severas ante el auge dramático de contagios. Una comunidad cuyo gobierno apuesta por la confrontación con el central en vez de dedicar todos sus esfuerzos a frenar al virus. Se trata, como imaginarán, de la Comunidad de Madrid.

El gobierno autonómico de Madrid sabía cuáles eran las recetas para luchar contra este coronavirus: rastreadores y refuerzo de la atención primaria. No se hizo en verano ni hubo intención alguna, solo cuando ya era tarde. Más bien se han invertido millones de euros en construir un hospital nuevo para emergencias en Valdebebas para el que ni han previsto la contratación de personal sino el traslado de médicos desde otros centros sanitarios, es decir, un parche que no va a solucionar la situación ya que no solo se necesitan espacios sino también personal.

Las dificultades de Ayuso en una entrevista para explicar de dónde van a provenir los médicos del nuevo hospital de emergencias.

Cuando el número de casos comenzó a crecer rápidamente en septiembre, el gobierno regional se limitó a confinar zonas básicas de salud. Estas no son distritos ni barrios necesariamente sino zonas asignadas a un centro de salud. No son unidades territoriales y, de hecho, pueden partir en dos un mismo barrio, creando situaciones absurdas como que un lado de una calle esté confinado y el otro no. Pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso perseveró en esta idea y, además aplicando un umbral de locura de incidencia acumulada de contagios: 1.000 por 100.000 habitantes, cuando la Unión Europea considera transmisión muy alta con solo superar los 50 casos.

Ante la llegada del puente del 12 de octubre, Ayuso y su gobierno siguieron perseverando en las restricciones por zonas de salud y, por supuesto, no quisieron poner un cierre perimetral a Madrid y a su área metropolitana para evitar que sus ciudadanos pudiesen salir de la Comunidad de puente. Por ello, el Gobierno de España decidió aplicar un estado de alarma de 15 días en los municipios con mayor incidencia de más de 100.000 habitantes con el objetivo de que no se pudiese salir de la ciudad.

Pero estas negligencias no han sido lo más grave sino el hacer menos test de coronavirus en las últimas semanas. Esto ha supuesto que los contagios reflejados en los datos hayan disminuido drásticamente en Madrid. ¿Es real esta bajada? Parece que, atendiendo al número de casos en los hospitales y en las UCI, el virus puede haberse frenado en su transmisión en la región, pero también es cierto que la situación sigue siendo muy mala y que hacer menos pruebas PCR o de antígenos en plena pandemia es una absoluta insensatez ya que no podemos ver la transmisión real del virus en la sociedad (sobre todo han reducido las PCR, y la subida de los test de antígenos no las han compensado). 

¿Cuál es la excusa del gobierno madrileño para esa inacción? Que lo importante es, según palabras de la misma Ayuso, no dañar más a la economía. Esa es la prioridad. El problema es que la falta de medidas a tiempo hace que las restricciones luego tengan que ser más duras para evitar el colapso de los hospitales. Y eso sí que termina de destruir la economía.

Por tanto, como ciudadanos debemos exigir a los gobiernos, sean del color político que sean, que trabajen de manera decidida para luchar contra el virus. Que dejen sus intereses políticos para otro momento y se pongan a trabajar. Porque al virus eso le da igual y ya han fallecido demasiadas personas por esta pandemia como para que las administraciones estén dedicadas a otra cosa que no sea combatirla.

Por una vuelta segura

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En los últimos días parece que buena parte de la clase política se ha dado cuenta de que, oh sorpresa, la vuelta a los centros educativos está a la vuelta de la esquina. Como si nunca se hubiese iniciado el curso escolar en el mes de septiembre. Y es que Gobierno central y, sobre todo, comunidades autónomas, han tenido meses para preparar el complejo inicio de curso y no han hecho nada más allá de dar unas instrucciones imprecisas y generales.

Que la vuelta debe ser mayormente presencial es algo imprescindible. La educación virtual a la que nos vimos forzados por el avance de la pandemia de covid-19 entre marzo y junio demostró que no reemplaza a la educación presencial. El alma de la docencia estaba ausente, por mucho que los profesores intentásemos recrearla a distancia. Los alumnos, da igual que sean de infantil, primaria o secundaria, necesitan la interacción social con docentes y compañeros, ya que es una parte fundamental de su educación, al margen de los contenidos académicos.

Sin embargo, la evolución actual de la pandemia en España y, en especial, en comunidades como Madrid, Cataluña, Aragón o País Vasco, hace que esa vuelta a los colegios e institutos sea muy complicada. Algo que ya se podía imaginar en junio e incluso en julio puesto que el virus en ningún momento dejó de circular por España. La relajación de una parte de la población y la torpeza de los distintos gobiernos ha hecho que la segunda ola de infecciones ya esté aquí y coincida con la temida (para las administraciones) vuelta al colegio.

Los profesores queremos volver. Como ya he mencionado, la experiencia de educación virtual no ha sido positiva. Habrá ignorantes que digan que hemos disfrutado en casa y que hemos estado de vacaciones varios meses, pero cualquier persona que tenga hijos en edad escolar habrá podido comprobar cómo los profesores de las distintas materias hemos estado trabajando muy duro, con aulas virtuales creadas de un día para otro con el cierre de los centros, empleando nuestro propio material e Internet, sin horarios, respondiendo a dudas tanto del alumnado como de sus familias a diario y muy supervisados por nuestros equipos directivos.

Ahora se pretende volver a los centros, pero en la mayoría de comunidades sin haber tomado las imprescindibles medidas de seguridad para evitar brotes del virus en las aulas. Se dice que al virus se le combate con las tres M: mascarillas, distancia de seguridad de 1,5 metros o más y lavarse las manos regularmente. Por tanto, las administraciones deben garantizar un suministro diario de mascarillas higiénicas en las aulas, así como de gel hidroalcohólico y/o jabón en cada aula y en cada baño, además de en pasillos, sala de profesores, despachos, etc.

Todo esto requiere de dinero, pero el problema de verdad viene con la distancia de seguridad entre personas. Tras los recortes en educación ejecutados por muchas comunidades, especialmente Cataluña y Madrid, las aulas quedaron masificadas con ratios muy altas de alumnos. Hablamos de hasta 25 en primaria y hasta 30 en ESO, por no hablar de los 35 de Bachillerato. Y esto no siempre es así, ya que la ley permite que se incluya hasta un 10 % más de alumnos, pudiendo haber un máximo de 33 alumnos en la ESO y 38 en Bachillerato, lo cual es una barbaridad y perjudica gravemente a la calidad educativa. Estos problemas afectan especialmente a la educación pública, aunque en la educación concertada también hay casos de aulas masificadas. 

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Por otro lado, los espacios en los centros se crearon pensando en una ratio de alumnos menor. Así, las aulas están colapsadas a menudo, con las mesas muy juntas y siendo imposible separar al alumnado de manera individual salvo en los exámenes, cuando la tipología de prueba hace necesario que haya cierta distancia entre los estudiantes. Esto, que ya era un problema importante antes, ahora es peligroso.

Por tanto, si queremos evitar rebrotes hay que reducir el número de alumnos urgentemente. Buscar espacios en centros municipales o de cualquier otra índole para habilitar aulas y desdoblar los grupos. Para ello, habría que contratar a más docentes. Y es aquí en donde nos topamos con la negativa rotunda de las administraciones, que rechazan ejecutar esa inversión. Inversión que, no obstante, están haciendo otros países como Italia, que también ha sido duramente golpeada por la pandemia. 

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En el caso que conozco de cerca, que es la Comunidad de Madrid, hasta esta semana la Consejería de Educación y Juventud se ha limitado a publicar unas instrucciones genéricas para el inicio de curso. En las mismas, se señala a los centros y a sus equipos directivos como los responsables de preparar el curso, pero a la vez negándoseles la posibilidad de habilitar más aulas. Además, designa a un miembro del equipo directivo como coordinador covid, cuando, es obvio, los profesores no somos ni médicos ni enfermeros y por lo tanto desconocemos protocolos y cómo distinguir los síntomas de la covid-19 respecto a los de otras enfermedades comunes en otoño e invierno como la gripe o un simple resfriado.

No se ha hecho nada y ahora, en pleno auge de los contagios, se pretende echar los balones fuera. Las comunidades quieren pasar el problema al ministerio y este a las comunidades. Las competencias son de las comunidades y el ministerio ya les dio instrucciones a tomar, pero sería positivo que la ministra interviniese dentro de sus capacidades para aclarar la situación.

Mientras tanto, a la vista de la nula gestión de la consejería de educación de Madrid, los sindicatos han convocado una huelga docente en los primeros días de curso, como protesta por la ausencia de medidas de seguridad. La respuesta del gobierno autonómico ha sido arrogante: insultos a los docentes, a los que el consejero y la presidenta Ayuso han llamado irresponsables, llegando a acusarles de haber estado comiendo y usando la luz durante el confinamiento a costa de los demás. Ni una sola palabra de agradecimiento a nuestra labor. Y tampoco de autocrítica, en un gobierno que no ha contratado los suficientes rastreadores para frenar la pandemia.

Esta actitud demuestra que una hipotética negociación está todavía lejos, por lo que se augura un curso difícil y caliente en Madrid. Repito, los profesores queremos volver, por supuesto, pero no a costa de arriesgar nuestra salud ni la de nuestros alumnos, sus familias y nuestras familias. El virus no suele ser agresivo con los menores, pero eso no significa que nunca lo sea y, de hecho, hay no pocos alumnos con enfermedades previas. La covid-19 ya ha demostrado sobradamente su capacidad de matar y de destrozar vidas. No dejemos al virus seguir haciéndolo. #PorUnaVueltaSegura.

“Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”

Con estas palabras el rey Juan Carlos I (Roma, 1938) prometió ante toda la ciudadanía que no volvería a ocurrir. Corría 2012, España estaba casi en la ruina y al borde del rescate debido a la crisis financiera y el entonces monarca fue sorprendido por sorpresa en una caza de elefantes que costaba unos 30.000 euros en un lejano país africano. Juan Carlos, apasionado de la caza, no era la primera vez que lo hacía, pero sí que se le descubría debido a que sufrió un aparatoso accidente por el que se rompió la cadera por tres lados.

La sociedad española, sufriendo como estaba por la crisis económica, se indignó de manera mayoritaria ante el escándalo. Fue tal la reacción de la opinión pública, que los asesores de la Casa Real decidieron que era necesario una intervención informal del rey, en la que, esquivando mirar directamente a la cámara, Juan Carlos dijo la frase que inicia este artículo: “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”. El problema es que incumplió su palabra.


Fotografía de una caza de elefantes anterior a la de 2012. Al margen de las consideraciones éticas sobre la caza (más aún tratándose de un animal tan noble e inteligente como los elefantes que, además, están en peligro de extinción de no pocos lugares) cada una de estas suele costar alrededor de 30.000 euros.

Muchos fuimos los que aceptamos esa disculpa, dando una oportunidad a la Corona de cambiar el rumbo. Sin embargo, la institución quedó más tocada todavía con los casos de corrupción que afectaban al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, que sigue en prisión actualmente. Todo ello hizo que Juan Carlos decidiese finalizar su reinado, abdicando en 2014 en su hijo, Felipe VI (Madrid, 1968).

El nuevo monarca intentó desde el principio desvincularse del reinado de su padre y de sus hermanas, en especial Cristina (aunque más tarde fue absuelta, al contrario que su marido). Incluso le arrebató el ducado de Palma, después de que saliesen a la luz unos correos entre Urdangarín y su socio corrupto en los que el entonces duque se burlaba de su título haciendo una obscena broma al respecto (“el duque emPALMAdo”).

La familia real quedó reducida a los reyes, sus hijas y los reyes eméritos. Hay que admitir que Felipe VI no está teniendo suerte en su reinado: la crisis económica, su propia crisis familiar (con encontronazos entre su madre y su esposa), el terremoto en el sistema de partidos español iniciado en 2014, con la consiguiente inestabilidad permanente; y ahora la peor pandemia en un siglo, a la que reaccionó tarde y torpemente con un mensaje televisivo tardío y frío que a muchos nos dejó indiferentes.

Pero lo que de verdad está poniendo a la monarquía entre la espada y la pared son sus propios miembros. Primero las actitudes nada ejemplares de algunos sobrinos del rey como los hijos de la infanta Elena, posicionándose públicamente a favor de la ultraderecha. Luego, el propio Urdangarín, en prisión. Y ahora el mismo rey emérito, que presuntamente ocultó millones de euros que no declaró a Hacienda y guardó en Suiza. Esto último ha sido lo más grave que le ha sucedido a la monarquía española desde su restauración en 1975. Revelaciones casi diarias con detalles vergonzosos de la vida privada de Juan Carlos I, de sus excesos económicos y de su antigua amante, Corinna Larsen.

Todo ello ha hecho que anteayer Juan Carlos, previo acuerdo con su hijo y con el Gobierno, decidiese abandonar España en lo que muchos niegan que sea un exilio, pero que se le parece bastante. Lo hace para intentar salvar la institución monárquica, que aun así queda muy tocada. Para las generaciones más jóvenes, Juan Carlos ya no es el rey que impulsó la democracia en España y frenó el golpe de Estado de 1981 sino el rey de los escándalos, de la buena vida y los excesos. Todo un ejemplo negativo pagado por los españoles.

Ahora, ¿va a ser España una república en el futuro? A corto y medio plazo seguro que no. ¿Por qué? Simplemente porque no hay de momento un clamor por la república. Un cambio de sistema político ahora es impensable, en plena pandemia y con una crisis económica a consecuencia de esta. La mayoría de la población ahora está centrada en sortear esta ola, y no es amiga de cambios de régimen.

Por otro lado, la derecha española sigue siendo monárquica y esto es muy importante. En parte la Segunda República fue inestable porque no contó con la lealtad de una parte del espectro político, que seguía siendo más bien monárquica. Sí se pudo proclamar porque las actuaciones del rey Alfonso XIII le habían dejado totalmente desacreditado y toda la izquierda más un sector derechista republicano se unieron y ganaron las elecciones municipales de abril de 1931, señalando la puerta de salida al monarca.

Así mismo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tampoco está por la labor de entrar en un terreno desconocido como sería un cambio de sistema. Y menos en el actual contexto de crisis.

Otro motivo por el que no habrá pronto una república es que sus mismos partidarios están divididos y cada uno pretende una república de acuerdo a sus preferencias. Los hay que optan por una república “popular”, lo cual espanta a muchos ya que eso sería una dictadura como las que hubo en Europa Oriental entre los años 40 y los 80 del siglo pasado. Otros sí queremos una república democrática, pero hay distintas posibilidades: unitaria o federal o presidencialista o parlamentaria. Por no hablar del tema de los símbolos como la bandera, que también dividen a los republicanos. Las diferencias entre los tipos de república ya las tratamos en otro artículo, pero personalmente creo que el modelo alemán o austriaco es el ideal: parlamentaria y federal.

Formas de gobierno en el mundo actualmente. Las repúblicas aparecen en azul y verde (presidencialistas con ligeras diferencias en el caso de las verdes), amarillo (semipresidencialistas), naranja (parlamentarias) o marrón (unipartidistas, es decir, dictaduras de partido único, normalmente comunista).

Se profundizaría en el Estado de las autonomías al crearse una federación. Aunque esto no impediría que el independentismo siguiese existiendo, creo que sí lo debilitaría ya que incluso Esquerra Republicana tiene un sector que aceptaría mantenerse en una España federal. Y parlamentaria porque creo que el parlamento debe tener primacía sobre el Ejecutivo, como actualmente. En Alemania, el parlamento elige al presidente de la República y también al canciller (jefe del gobierno), en el segundo caso tras unas elecciones generales. El presidencialismo da demasiado poder al presidente, como en Estados Unidos y la mayoría de repúblicas americanas, y el semipresidencialismo, como en Francia, permite al presidente cesar al primer ministro sin tener en cuenta al parlamento. En definitiva, concentra mucho poder en una sola persona, y eso a mi juicio no es conveniente.

Sin embargo, esto es solo una opinión y reincidimos: España no va a ser una república a corto o medio plazo. Se necesita tiempo para convencer a los que no son republicanos de que a España le iría mejor siendo una república y ello requiere de un gran esfuerzo de paciencia y pedagogía.

No obstante, la Corona no debe olvidar que España no es ni ha sido especialmente monárquica. Cuando Juan Carlos I restauró la institución tras la muerte de Franco, no eran pocos los escépticos con él y, tras sus actuaciones en la Transición, mucha gente se definió como “juan carlista”, pero no como monárquica. ¿Hay “felipistas” convencidos? Lo dudo, sinceramente. Felipe VI no ha tenido un 23-F para ser tan popular.

¿Irresponsabilidad o deslealtad?

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En Europa estamos sumidos en la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y, en el caso concreto de España, en la peor desde la Guerra Civil. El coronavirus que provoca la enfermedad Covid-19 se ha mostrado como una grave pandemia que está poniendo a prueba a nuestra sociedad, obligándonos a quedarnos en casa para que la enfermedad no se siga extendiendo de esa manera tan agresiva que ya ha provocado varios miles de muertos en España.

Sin embargo, los buitres y miserables siguen estando ahí, y demostrando su variedad: creadores de bulos (entre ellos muchos supuestos periodistas en supuestos medios serios), estafadores que se aprovechan de la desgracia, imprudentes que se saltan la cuarentena aludiendo a una supuesta libertad que nos puede llevar al abismo y, cómo no, los políticos irresponsables.

A estos últimos hay que dedicarles un capítulo aparte. Es cierto que el gobierno de España ha actuado a remolque de la situación, pero ¿cuál no? ¿el italiano? Es obvio que no. ¿El estadounidense? Trump todavía infravalora el alcance de esta crisis. ¿El chino? Censuró claramente la información al principio de la epidemia e incluso hizo callar al médico que denunció la situación que se estaba creando en Wuhan. ¿El brasileño? Ayer mismo su presidente dijo que esto es solo un “catarrito”. ¿El alemán? No cuenta las muertes que se deben a coronavirus con otra enfermedad, por lo que no son datos reales. ¿El británico? Al principio pretendía no actuar contra la enfermedad, esperando que la población se inmunizara aunque fuese al coste de miles de muertos. Visto lo visto, la actuación española ha sido hasta razonable. Como ejemplo este gráfico, que muestra la situación en cuanto a fallecidos y contagiados justo cuando se declaró el confinamiento en sus casas de la población:
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Pero la oposición al gobierno prefiere una vez más no estar a la altura y atacar duramente al gobierno utilizando para ello la crisis y, obviamente, los fallecidos y enfermos. Una política ruin que los ciudadanos deberán juzgar cuando esto pase, así como la actuación del gobierno, demasiado lenta en ocasiones. Es cierto que nadie podía prever que la pandemia fuese a ser así. Es, repetimos, la peor crisis en 75 años y, aunque su mortalidad es menor, puede comprarse con la gripe de 1918 en cuanto a impacto social, político, económico y psicológico.

De las decisiones del gobierno hay una que ahora se revela como un error evidente, que fue impulsar las manifestaciones del 8 de marzo por el día de la mujer. En ese momento la situación ya era complicada y deberían haberse cancelado. Sin embargo, es obvio que la crisis no ha alcanzado esta magnitud por esas manifestaciones y, de hecho, hubo más acontecimientos políticos ese mismo fin de semana, entre ellos del PP y de Vox, los que ahora critican más la gestión del gobierno. Por no hablar de festividades, eventos deportivos, etc.

La actitud del Partido Popular ha oscilado entre aceptar una tregua al gobierno y criticar destructivamente aprovechándose de la crisis. Su presidente, Pablo Casado, ayer mismo acusó al gobierno de utilizar la crisis para desgastar a la monarquía y a la propiedad privada. Sin comentarios sobre semejante barbaridad. En cuanto a Vox, no esperábamos demasiado de ellos o, mejor dicho, no esperábamos nada. Pero proponer en plena crisis sanitaria que miles de inmigrantes se queden fuera de la cobertura del sistema de salud es directamente una locura y una inmoralidad que solo empeoraría la epidemia.

En el extremo contrario tenemos a los independentistas catalanes. Como en el caso de Vox y de ciertos sectores del PP, la enfermedad aquí no es el Covid-19 sino el nacionalismo radical que impide ver más allá de banderas y de sus propias insensateces. En el caso catalán es Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont y Torra, el que está aprovechando la crisis para difamar al gobierno de España en el extranjero, acusando de no hacer nada contra el virus. ¿Decretar un estado de alarma que directamente prohíbe a la ciudadanía salir de sus casas salvo en situaciones muy concretas es no hacer nada? Qué irresponsabilidad. En el campo independentista también está Esquerra Republicana, que ha sido desde la investidura el socio más débil del gobierno y el más proclive a traicionarle. No está usando la crisis como Junts, pero desde luego no está dando una tregua precisamente sino criticando lo que consideran tibieza.

Es sorprende, por el contrario, la nueva actitud de Ciudadanos, que vuelve a la moderación para este tema y apoya al gobierno sugiriendo medidas, aunque sin las críticas radicales de los otros dos partidos del espectro de la derecha. También es de agradecer la actitud del Partido Nacionalista Vasco después de un inicio confuso en el que criticó el estado de alarma sin sentido al acusar de asumir competencias autonómicas. La unidad de acción es imprescindible en estas circunstancias.

Así, ayer un Congreso casi vacío aprobó la primera prórroga del estado de alarma, que probablemente tendrá que ser renovada al menos otra vez, vista la situación a día de hoy. Votaron a favor todos los partidos de ámbito nacional (PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y Más País), además de varios partidos autonómicos, como el PNV y los regionalistas. Se abstuvieron los independentistas catalanes y vascos, pero por considerar las medidas “escasas”. Repetimos, el ejército está en la calle, desinfectando o creando hospitales de campaña. El tráfico se ha reducido más de un 70 % en las ciudades, así como el conjunto de los transportes. Se han realizado unos 400.000 expedientes de regulación temporal de empleo. Y, lo que más nos impacta: llevamos encerrados en casa por la cuarentena casi dos semanas (y lo que puede quedar) saliendo solo a comprar lo más rápidamente posible o a trabajar en el caso de los que no pueden teletrabajar. ¿De verdad la deslealtad impide ver esto?

El coronavirus no distingue entre ideologías, etnias, religiones o cualquier otra estúpida diferencia que creemos los humanos entre nosotros. Por ello debemos estar unidos frente a esta pandemia y trabajar juntos para frenar de una vez esa maldita curva que no deja de crecer. Nuestra población está muy envejecida, protejamos a nuestros mayores y a las personas con otras enfermedades. Quedémonos en casa. Dejemos de pasar noticias sin contrastar. Seamos responsables, los políticos también. Ya habrá tiempo de buscar responsabilidades cuando acabe la epidemia. Pero ahora no es el momento de hacer esa oposición destructiva que, tristemente, parece que es la única que los conservadores saben hacer en este país.

NO al veto parental

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Mucho se está hablando estos días sobre lo que la extrema derecha de Vox denomina el “pin parental”. Esto, que en realidad es un veto parental, consiste en que los padres y madres de los alumnos en Educación Primaria o Secundaria puedan vetar la presencia de su hijo o hija en charlas complementarias y recogidas en el currículo educativo actual. Normalmente, este veto está dirigido a charlas sobre educación afectivo-sexual, derechos sociales o violencia de género. En definitiva, es un veto que algunos padres ultraconservadores quieren realizar al aprendizaje en convivencia y tolerancia.

Este veto parental no es algo nuevo en España y en otros países lleva mucho tiempo en vigor por motivos religiosos o de cuestión personas de muchos progenitores. Sin embargo, con ese veto parental lo que se consigue es que haya padres racistas, homófobos o machistas que no quieran que su hijo o hija reciba una información distinta a la que ellos insisten en darles.

Escudados en una supuesta “libertad de elección”, Vox y también el Partido Popular, al que la ultraderecha ha conducido sin demasiados problemas a su terreno, inician un camino peligroso, que supone de fondo el enésimo ataque a la educación pública, a la que no solo han debilitado con recortes continuos sino también desprestigiándola en favor de la educación privada concertada.

Por otro lado, esta “educación a la carta” podría derivar en situaciones disparatadas, como que un padre creacionista se niegue en un futuro a que su hijo estudie la teoría de la evolución en Biología. O que otro que sea terraplanista se niegue a que su hijo estudie que la Tierra es esférica en Geografía. O que un padre negacionista del Holocausto se niegue a que su hijo estudie en Historia esa terrible parte de nuestro pasado. Por no hablar de los negacionistas del cambio climático.

Los niños no son propiedad de sus padres. Son ciudadanos, aunque sean menores de edad, y por ello son libres, teniendo derecho a recibir una educación completa sin recortes por motivos ideológicos. Los niños del siglo XXI deben aprender a respetar y convivir con todo tipo de personas, independientemente de su condición étnica, sexual o de cualquier otra índole.

PP y Vox deberían recordar que los padres no poseen a sus hijos como se posee un mueble sino que ostentan la patria potestad, siendo responsables de su protección y cuidado hasta que sean mayores de edad. Y no, protegerles no es azuzar el odio hacia otras personas solo porque no les gusten. Porque eso es lo que se terminaría consiguiendo al vetar cursos y contenidos concretos. Ante este despropósito, el gobierno de España ha avisado a la Región de Murcia de posibles denuncias en los tribunales si se termina de implantar el veto parental, algo que ya hacen centros educativos en otras comunidades españolas, entre ellas Madrid.

¿Y qué opina Ciudadanos? Ni ellos lo saben, en la deriva en la que se encuentran. Apoyarán el veto parental en Murcia para aprobar los presupuestos a pesar de que la vicepresidenta regional, de ese partido, lo negó. ¿Y en otras comunidades? Posiblemente lo mismo, vistos los precedentes. ¿Es de verdad liberalismo aceptar una condición ultraderechista? Recordemos que en la Asamblea Regional de Murcia la suma de PP y de Ciudadanos se queda a un escaño de la mayoría absoluta y por ello necesitan a Vox. Una hipotética suma de PSOE (que ganó las últimas elecciones, a propósito) y Cs sí tendría mayoría absoluta, sin necesitar a Vox ni a Podemos, únicas formaciones a las que ahora mismo Ciudadanos dice vetar. Pero esto es ficción: el mismo PSOE se ha ofrecido a apoyar unos presupuestos del gobierno murciano a cambio de que rompiese con Vox, y lo han rechazado. Los socios están claros, esperemos que con cambios en algún momento. 

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No nos pueden envenenar

Carteles indicando el acceso a Madrid Central, zona con bajas emisiones de la capital. Fuente: http://www.autonocion.com/

El pasado sábado se eligieron los alcaldes de los más de 8.000 municipios que existen en España. El más poblado, Madrid, estrenó nuevo alcalde: José Luis Martínez-Almeida. Este fue elegido con los votos de su partido, el PP, además de Ciudadanos y los ultras de Vox. 

El pacto entre los autodenominados liberales y el PP incluye una serie de medidas a tomar que, en muchos casos, chocan con las medidas del pacto del PP con la extrema derecha. Y uno de esos puntos no es menor: Madrid Central. 

Esta área coincide con el centro de la ciudad, al que libera de tráfico que no sea residencial o por motivos laborales, como repartidores, taxistas, etc. El objetivo es que Madrid reduzca sus altos niveles de polución atmosférica, debidos principalmente al tráfico. 

En una ciudad situada en una meseta en la que no se dan demasiadas lluvias, estas medidas son imprescindibles para nuestra salud. No hay interés económico que se pueda anteponer a nuestro bienestar y, de hecho, la mayoría de las capitales europeas ya tienen en marcha planes de este tipo, con Oslo como el más restrictivo de todos para el tráfico en la ciudad. Otro caso interesante es el de Berlín: con una población muy parecida a la de Madrid en la ciudad (algo más de tres millones de personas) tiene un equivalente a Madrid Central que ocupa unos 88 km² frente a los apenas 5 km² de la zona de bajas emisiones madrileña. En cuanto a Londres, casi toda la ciudad es de bajas emisiones y 21 km² es con emisiones ultrabajas. 
 (Pulsa para ampliar) Zonas de bajas emisiones en cuatro capitales europeas: Madrid es la más pequeña con diferencia, estando más poblada que Ámsterdam y con la misma población que Berlín. Fuente: El Diario.

Sin embargo, el nuevo tripartito que gobierna nuestra capital no entiende estas medidas y el hecho de que no tienen vuelta atrás. En uno de los dos acuerdos en vigor (hay que recordar que son dos, con lo que ello supone), en concreto el del PP con Vox, se establece la eliminación total de Madrid Central, permitiendo el acceso libre al centro en coche, lo cual sería una locura. Para compensarlo, la gran “solución” sería soterrar la Gran Vía, cuestión casi imposible de realidad tanto por el coste como por las dificultades técnicas que supone. 

El otro pacto, del PP con Ciudadanos, establece que Madrid Central se cambiaría por establecer Áreas de Prioridad Residencial en ciertos barrios del distrito Centro, que era lo que existía previamente. Este modelo es el pasado: las llamadas APR no impedían altos niveles de polución atmosférica, como sí ha logrado Madrid Central en estos últimos meses según todos los parámetros, incluso teniendo en cuenta que apenas ha llovido. 

Ciudadanos durante la campaña aseguraba que Madrid Central ha creado un “efecto frontera”, aumentando la contaminación en los distritos colindantes al centro, lo cual es mentira según las mismas fuentes, que no han observado ese supuesto efecto frontera. En cuanto al actual alcalde, Almeida, hizo el ridículo en un atasco diciendo que se debía a Madrid Central cuando, en realidad, era por un corte de tráfico (incluso le pitaron los coches que tenía detrás al estar obstaculizando la movilidad haciéndose sus videos). Otro miembro del PP, el número dos a la Asamblea de Madrid, David Pérez, comparó Madrid Central con el Muro de Berlín, demostrando una ignorancia supina en materia histórica. 
La ignorancia puede ser muy atrevida.

El nuevo gobierno, por tanto, ya ha dicho que a partir del día uno de julio ya no habrá multar por entrar en Madrid Central, eliminando en la práctica la limitación para acceder al centro. Esto es una absoluta falta de responsabilidad por parte del nuevo gobierno que parece que prefiere envenenarnos con un aire contaminado a admitir que las limitaciones es el camino irremediable si queremos combatir la polución y el calentamiento global. 

Sin embargo, frente a este cortoplacismo de las derechas españolas, tenemos a la Unión Europea por medio de la Comisión. Esta ya ha advertido al nuevo gobierno madrileño: se asegurará de vigilar que la contaminación no sube tras la eliminación de Madrid Central. Si subiese, volverían las millonarias multas para la ciudad y el gobierno. Es triste que tenga que ser la Comisión Europea la que se preocupe de nuestra salud y no nuestros miopes gobernantes municipales.

Países del mundo: Chipre

  Bandera de Chipre. Su principal característica es que muestra el mapa de la isla chipriota en el centro, de color cobre, metal importante ...