Objetivo: Reducir las ratios de alumnos en secundaria

Esta semana el Congreso de los Diputados decidió por unanimidad aprobar cambios en la educación pública, derogando el decreto del año 2012 que establecía que las ratios de alumnos por aula (es decir, el número de estudiantes en la clase) se pudiesen incrementar notablemente, resultando en aulas hacinadas y un empeoramiento evidente de la calidad educativa.

Por otro lado, el decreto de 2012 también incrementó el número de horas lectivas a los profesores y permitió que, cuando un docente necesitase una baja, no fuese sustituido hasta más de diez días después, lo que perjudicaba al alumnado y, de nuevo a la calidad educativa. 

Han tenido que pasar seis años para que un nuevo gobierno decida sepultar esos graves recortes en educación: se reducirán las ratios, que actualmente son de hasta 35 alumnos en secundaria y hasta 30 en primaria; los profesores de baja serán sustituidos de manera inmediata por otro docente y los profesores tendrán menos horas lectivas a la semana (por debajo de 20), permitiéndonos una mejor preparación de nuestras clases. 

Ahora mismo, los profesores de la enseñanza pública tenemos aulas que superan claramente su capacidad inicial: de los grupos a los que imparto clase, dos de ellos tienen 30 o más alumnos y los otros tres tienen entre 28 y 29. La atención a nuestros estudiantes se hace muy difícil en esas circunstancias y, desde luego, es casi imposible que sea personalizada: simplemente son demasiados chicos y chicas, lo que influye también en aspectos como la disciplina. 

Estas cifras son desorbitadas para primaria y secundaria, pero si vemos ya las ratios de Bachillerato directamente entramos en una demencia: puede haber hasta casi 40 alumnos por aula, prácticamente niveles universitarios. 

 El ex ministro de Educación en el gobierno de Rajoy, José Ignacio Wert, llegó a asegurar que la masificación de las aulas era positiva para la socialización de los niños.

Los recortes no solo han afectado a las ratios, sino también a los materiales y espacios. En mi instituto hay tantos alumnos que hasta se han tenido que habilitar aulas de usos conjuntos como aulas-clase para grupos que, si no, no tendrían espacio. 

Por otro lado, la implantación de ordenadores, pizarras inteligentes y otros aparatos realmente útiles para la enseñanza de cualquier asignatura ha sufrido un parón que solo con ir a visitar un instituto se puede contrastar: no todas las clases tienen ordenador y los profesores debemos desempeñar nuestra labor con una metodología de hace veinte años. Esto no sería necesario si hubiera voluntad política de crear una enseñanza pública de calidad. 

 El alumnado actual está educado con la tecnología y no tiene sentido que esta no exista en las aulas.

El problema, sin embargo, es ese. El gobierno del Partido Popular no apostó en ningún momento por la enseñanza pública (ni por la sanidad ni los servicios públicos en general). Su ideología conservadora y neoliberal plantea que los ciudadanos hagamos frente a nuestros gastos por nuestra cuenta siguiendo el modelo de otros países como Estados Unidos y alejándose del modelo socialdemócrata que ha imperado en Europa Occidental desde hace décadas, consistente en garantizar unos servicios públicos para toda la ciudadanía, sin que ello suponga un perjuicio a aquellas personas que opten por servicios privados. 

Ahora a nivel nacional ha habido un cambio de partido en el gobierno, pero una buena parte de las medidas en cuanto a servicios sociales están reservadas a las comunidades autónomas y, en mi caso, a la Comunidad de Madrid, que debe ser la que ponga en marcha estas medidas que reviertan esos injustos recortes. 

Esta lleva gobernada por el Partido Popular desde el año 1995. Varios presidentes han pasado desde entonces: Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003), del que no hay escándalos de momento debido a su gestión como presidente de la comunidad (aunque sí por su gestión como alcalde de la capital); Esperanza Aguirre (2003-2012), principal responsable del deterioro de la educación y sanidad públicas en Madrid al primar el modelo concertado y reducir fondos al sector público; Ignacio González (2012-2015), delfín de Aguirre y fiel seguidor de sus políticas destructoras, además de corrupto reconocido y condenado a prisión en 2017; Cristina Cifuentes (2015-2018), que comenzó a mejorar tímidamente los servicios públicos, aunque manteniendo la primacía de lo concertado, dimitida este año por el escándalo de su máster y sus rivalidades internas; y el actual, Ángel Garrido, heredero de Cifuentes y continuador de sus políticas. 

Así, vemos una trayectoria política en la Comunidad de Madrid de declive a la par que agresiva con el modelo de educación pública, en el que nunca han creído. Por ello, con este artículo de opinión comienzo una larga precampaña hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2019. En las mismas se decidirá si este modelo agresivo para con los derechos de una mayoría de la población se mantiene o si, por el contrario, se abre la puerta a que haya un cambio político después de 20 años de gobierno ininterrumpido de un mismo partido. 

Y, para ello, la neutralidad es casi imposible: hay que implicarse decididamente, contrastando propuestas desde el respeto, pero también firmeza, para demostrar a nuestros conciudadanos que el mejor modelo para todos es aquel que garantice que la mayoría pueda tener acceso a la mejor educación sin que sea de pago. En definitiva, contrastar una vez más la moral y los principios al poderoso dinero.