La pandemia de covid-19 está poniendo en jaque a gobiernos de todo el mundo. Es lógico al ser la crisis sanitaria más grave desde la de la gripe de 1918 y, además, haberse tornado a su vez en crisis política, social y económica. Sin embargo, esto no absuelve a muchos gobiernos de estar haciendo una gestión nefasta.
Entre los casos más sonados destacan los de países tan relevantes como Reino Unido, Estados Unidos o Brasil. En Reino Unido, su primer ministro negó la gravedad de la covid e incluso apostó por alcanzar la inmunidad de rebaño (es decir, no tomar medidas para que se infectase toda la población y así quedase inmunizada) hasta que él mismo se contagió y estuvo grave en la UCI. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue negando la gravedad de la pandemia a pesar de haber pasado la enfermedad (ojalá le cueste la reelección). Finalmente, Brasil no ha tomado medidas drásticas contra el virus y su presidente, Bolsonaro, lo llamó “resfriado”.
En España ha habido de todo. El Gobierno central reaccionó tarde a la expansión del virus, lo cual fue la tónica común en febrero y marzo en casi todo el mundo. Su error más grave ha sido precipitar una desescalada para la que España no estaba ni de lejos preparada. Faltaban rastreadores y reforzar la atención primaria y, aunque esos aspectos dependen de las comunidades autónomas, el Gobierno tendría que haber tutelado esos esfuerzos en la medida de lo posible durante el verano. Además, el protocolo de rebrotes para aplicar confinamientos se ha aprobado en los últimos días, cuando la situación ya era muy grave en el país.
En cuanto a las comunidades autónomas, hay de todo. Algunas como Asturias, Aragón o la Comunidad Valenciana hicieron mejor los deberes en verano y contrataron rastreadores. Otras, como Castilla y León o Murcia, están gobernadas por los conservadores y tampoco han dudado a la hora de aplicar restricciones si eran necesarias.
El gran problema ha llegado cuando una comunidad se ha negado a aplicar restricciones severas ante el auge dramático de contagios. Una comunidad cuyo gobierno apuesta por la confrontación con el central en vez de dedicar todos sus esfuerzos a frenar al virus. Se trata, como imaginarán, de la Comunidad de Madrid.
El gobierno autonómico de Madrid sabía cuáles eran las recetas para luchar contra este coronavirus: rastreadores y refuerzo de la atención primaria. No se hizo en verano ni hubo intención alguna, solo cuando ya era tarde. Más bien se han invertido millones de euros en construir un hospital nuevo para emergencias en Valdebebas para el que ni han previsto la contratación de personal sino el traslado de médicos desde otros centros sanitarios, es decir, un parche que no va a solucionar la situación ya que no solo se necesitan espacios sino también personal.
Cuando el número de casos comenzó a crecer rápidamente en septiembre, el gobierno regional se limitó a confinar zonas básicas de salud. Estas no son distritos ni barrios necesariamente sino zonas asignadas a un centro de salud. No son unidades territoriales y, de hecho, pueden partir en dos un mismo barrio, creando situaciones absurdas como que un lado de una calle esté confinado y el otro no. Pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso perseveró en esta idea y, además aplicando un umbral de locura de incidencia acumulada de contagios: 1.000 por 100.000 habitantes, cuando la Unión Europea considera transmisión muy alta con solo superar los 50 casos.
Ante la llegada del puente del 12 de octubre, Ayuso y su gobierno siguieron perseverando en las restricciones por zonas de salud y, por supuesto, no quisieron poner un cierre perimetral a Madrid y a su área metropolitana para evitar que sus ciudadanos pudiesen salir de la Comunidad de puente. Por ello, el Gobierno de España decidió aplicar un estado de alarma de 15 días en los municipios con mayor incidencia de más de 100.000 habitantes con el objetivo de que no se pudiese salir de la ciudad.
Pero estas negligencias no han sido lo más grave sino el hacer menos test de coronavirus en las últimas semanas. Esto ha supuesto que los contagios reflejados en los datos hayan disminuido drásticamente en Madrid. ¿Es real esta bajada? Parece que, atendiendo al número de casos en los hospitales y en las UCI, el virus puede haberse frenado en su transmisión en la región, pero también es cierto que la situación sigue siendo muy mala y que hacer menos pruebas PCR o de antígenos en plena pandemia es una absoluta insensatez ya que no podemos ver la transmisión real del virus en la sociedad (sobre todo han reducido las PCR, y la subida de los test de antígenos no las han compensado).
¿Cuál es la excusa del gobierno madrileño para esa inacción? Que lo importante es, según palabras de la misma Ayuso, no dañar más a la economía. Esa es la prioridad. El problema es que la falta de medidas a tiempo hace que las restricciones luego tengan que ser más duras para evitar el colapso de los hospitales. Y eso sí que termina de destruir la economía.
Por tanto, como ciudadanos debemos exigir a los gobiernos, sean del color político que sean, que trabajen de manera decidida para luchar contra el virus. Que dejen sus intereses políticos para otro momento y se pongan a trabajar. Porque al virus eso le da igual y ya han fallecido demasiadas personas por esta pandemia como para que las administraciones estén dedicadas a otra cosa que no sea combatirla.
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