
Mucho
se está hablando estos días sobre lo que la extrema derecha de Vox
denomina el “pin parental”. Esto, que en realidad es un veto
parental, consiste en que los padres y madres de los alumnos en
Educación Primaria o Secundaria puedan vetar la presencia de su hijo
o hija en charlas complementarias y recogidas en el currículo
educativo actual. Normalmente, este veto está dirigido a charlas
sobre educación afectivo-sexual, derechos sociales o violencia de
género. En definitiva, es un veto que algunos padres
ultraconservadores quieren realizar al aprendizaje en convivencia y
tolerancia.
Este
veto parental no es algo nuevo en España y en otros países lleva
mucho tiempo en vigor por motivos religiosos o de cuestión personas
de muchos progenitores. Sin embargo, con ese veto parental lo que se
consigue es que haya padres racistas, homófobos o machistas que no
quieran que su hijo o hija reciba una información distinta a la que
ellos insisten en darles.
Escudados
en una supuesta “libertad de elección”, Vox y también el
Partido Popular, al que la ultraderecha ha conducido sin demasiados
problemas a su terreno, inician un camino peligroso, que supone de
fondo el enésimo ataque a la educación pública, a la que no solo
han debilitado con recortes continuos sino también desprestigiándola
en favor de la educación privada concertada.
Por
otro lado, esta “educación a la carta” podría derivar en
situaciones disparatadas, como que un padre creacionista se niegue en
un futuro a que su hijo estudie la teoría de la evolución en
Biología. O que otro que sea terraplanista se niegue a que su hijo
estudie que la Tierra es esférica en Geografía. O que un padre
negacionista del Holocausto se niegue a que su hijo estudie en
Historia esa terrible parte de nuestro pasado. Por no hablar de los
negacionistas del cambio climático.
Los
niños no son propiedad de sus padres. Son ciudadanos, aunque sean
menores de edad, y por ello son libres, teniendo derecho a recibir
una educación completa sin recortes por motivos ideológicos. Los
niños del siglo XXI deben aprender a respetar y convivir con todo
tipo de personas, independientemente de su condición étnica, sexual
o de cualquier otra índole.
PP
y Vox deberían recordar que los padres no poseen a sus hijos como se
posee un mueble sino que ostentan la patria potestad, siendo
responsables de su protección y cuidado hasta que sean mayores de
edad. Y no, protegerles no es azuzar el odio hacia otras personas
solo porque no les gusten. Porque eso es lo que se terminaría
consiguiendo al vetar cursos y contenidos concretos. Ante este
despropósito, el gobierno de España ha avisado a la Región de
Murcia de posibles denuncias en los tribunales si se termina de
implantar el veto parental, algo que ya hacen centros educativos en
otras comunidades españolas, entre ellas Madrid.
¿Y
qué opina Ciudadanos? Ni ellos lo saben, en la deriva en la que se
encuentran. Apoyarán el veto parental
en Murcia para aprobar
los presupuestos a pesar de que la vicepresidenta regional, de ese
partido, lo negó. ¿Y en otras comunidades? Posiblemente lo mismo,
vistos los precedentes. ¿Es de verdad liberalismo aceptar una
condición ultraderechista? Recordemos que en la Asamblea Regional de
Murcia la suma de PP y
de Ciudadanos se queda a un escaño de la mayoría absoluta y por
ello necesitan a Vox. Una hipotética suma de PSOE (que ganó las
últimas elecciones, a propósito) y Cs sí tendría mayoría
absoluta, sin necesitar a Vox ni a Podemos, únicas formaciones a las
que ahora mismo Ciudadanos dice vetar. Pero esto es ficción: el
mismo PSOE se ha ofrecido a apoyar unos presupuestos del gobierno
murciano a cambio de que rompiese con Vox, y lo han rechazado. Los
socios están claros, esperemos
que con cambios en algún momento.

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