sábado, 28 de marzo de 2015

La construcción del Estado de las Autonomías





La actual configuración territorial de España en forma de comunidades autónomas (inédita en la historia de nuestro país) data de la Constitución de 1978, en la que se recoge la unidad de España pero el derecho de sus regiones históricas o con vínculos comunes y culturales entre provincias de acceder a la autonomía mediante un estatuto que recoja sus competencias. 

La Constitución incluyó cuatro vías para acceder a la autonomía. La primera es mediante el artículo 143.1: “…las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos”. Era la vía lenta de acceder a la constitución y con la que se constituyeron el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Canarias. Todas ellas tardaron unos años en formarse de acuerdo a la ley, de ahí que fuera una vía lenta. 

La segunda vía fue el caso de la Comunidad de Madrid, que obedeció al artículo 144 debido a que no era una región histórica en sí misma pero, por motivos económicos y demográficos, se decidió finalmente que fuera por sí sola una comunidad: “las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143”. Como las autonomías del 143, fue una vía lenta. 

La tercera vía fue mediante el artículo 151: “No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica”. Así, esta sería una vía rápida de acceso a la autonomía y fue el caso de Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Ésta última consiguió que su proceso fuera por este artículo mediante la fórmula de iniciativa de al menos tres cuartos de sus municipios y posterior aprobación en referéndum. Mientras, Galicia, País Vasco y Cataluña tenían preferencia porque ya habían tenido estatuto de autonomía durante la II República (aunque el gallego nunca se llegó a aplicar al estallar la Guerra Civil). 

La cuarta vía fue mediante la Disposición Adicional Primera: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía”. Este fue el caso de la Comunidad Foral de Navarra, la única que no tiene estatuto de autonomía sino un Amejoramiento del Fuero, que poseía desde siglos atrás y que fue profundamente actualizado. 

Por último, la Disposición Transitoria Quinta completa la configuración autonómica con: “Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica en los términos previstos en el artículo 144”.

Galicia se constituyó en comunidad autónoma como nacionalidad histórica con una cultura con rasgos característicos propios como su idioma, el gallego. En la II República aprobó su propio estatuto pero nunca llegó a ponerse en vigor ya que tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 cayó en la zona franquista, que derogó la ley. La componen las provincias de A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense y su capital es Santiago de Compostela, que sustituyó a La Coruña como la capital de Galicia al constituirse como comunidad. 

El Principado de Asturias ya era considerado una región histórica española así que cumplía los requisitos para constituirse en comunidad autónoma a pesar de ser una sola provincia. 

El caso de Cantabria es diferente ya que previamente formaba parte de la región de Castilla la Vieja. Sin embargo, durante la Transición hubo un fuerte movimiento regionalista a favor de constituirse en comunidad autónoma aludiendo a sus diferencias con la Castilla del interior. Finalmente, consiguió su autonomía recogiéndose su carácter histórico propio. 

El País Vasco hizo el acceso a la autonomía más rápido junto a Cataluña y aprobó su estatuto de Gernika tan solo un año después de la aprobación de la Constitución, celebrando las primeras elecciones en 1980, que ganó el PNV. Su estatuto le otorga una amplia autonomía que no impidió que la banda terrorista ETA continuara asesinando y cometiendo atentados hasta el cese definitivo de su actividad en 2011. Dentro de Euskadi destacan los derechos forales de sus tres provincias, que tienen competencias que no tienen las demás provincias españolas, como un concierto fiscal similar al navarro. Precisamente Navarra consiguió una amplia autonomía fruto de su Amejoramiento del Fuero, que mantiene sus privilegios históricos, como el propio manejo de sus impuestos. En la Constitución se reconoce la posibilidad de que Navarra pase al País Vasco si así lo decidiese, una cuestión congelada desde entonces pero aún con mucha polémica. Hasta hoy, ha habido una mayoría de navarros partidarios de mantener la Comunidad Foral mediante un fuerte regionalismo. 

Una comunidad vecina a las anteriores, La Rioja, surgió de un movimiento localista opuesto a pasar a estar integrados en la nueva Castilla y León. Hasta entonces la provincia de Logroño formaba parte de Castilla la Vieja, pero durante la Transición se apostó por un regionalismo que reivindicó las peculiaridades de La Rioja, consiguiendo finalmente su constitución como comunidad autónoma diferenciada, la de menor población de España. 

En cuanto al resto de lo que era Castilla la Vieja (provincias de Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, Burgos y Soria) se preparó su constitución en comunidad autónoma pero unida a lo que hasta entonces había sido la región de León (provincias de León, Zamora y Salamanca) formando una nueva y enorme comunidad: Castilla y León, amparándose en la unión medieval de ambos reinos. Ello no ha impedido que haya ciertos recelos desde León hacia la capital de facto de la comunidad, Valladolid (Castilla y León no tiene capital oficial pero la sede de la Junta y de las Cortes autonómicas se hallan en la ciudad vallisoletana), al temer por sus derechos territoriales dentro de la comunidad e incluso habiendo movimientos autonomistas para León representados en partidos con representación en las Cortes.

Más sencillo fue el proceso en el este de España. Aragón obtuvo la autonomía sin problemas aludiendo a sus motivos históricos y culturales, formándose una extensa aunque poco poblada autonomía. 

En cuanto a Cataluña, las reivindicaciones de autonomía fueron casi inmediatas tras el fin del Franquismo, que había eliminado su estatuto de época de la II República y limitado el uso de su idioma. La vuelta del exilio del presidente de la Generalitat, Tarradellas, impulsó que Cataluña elaborara muy rápido su estatuto, en 1979, y que sus primeras elecciones fueran en 1980, ganándolas Convergència i Unió, de carácter nacionalista. La convivencia de Cataluña dentro de España ha tenido altibajos. El gobierno español apoyó la candidatura olímpica de Barcelona, que se consiguió, logrando una proyección internacional para la ciudad y el país. Sin embargo, desde la década de los 2000, los problemas entre Gobierno de España y Generalitat han ido aumentando con episodios como el del nuevo estatuto de autonomía, que sobrepasaba los límites de sus competencias, o la apuesta independentista actual de los partidos con mayor representación en el Parlament. El problema de momento tiene difícil solución. 

Más tranquila ha sido la situación en su vecina del sur. La Comunidad Valenciana se constituyó sobre lo que fue el Reino de Valencia, conocido con diferentes nombres a lo largo de su historia: desde el Levante a País o región valencianos, hasta llegar a la denominación actual, que no acepta un sector nacionalista. Sus relaciones con Cataluña han pasado a un segundo plano por motivos políticos así como su idioma, el valenciano (dialecto local del catalán) y Valencia tiene su identidad propia así como una autonomía clara.  

Caso similar ha sido el de las Islas Baleares, también vinculadas histórica y culturalmente a Cataluña, con la que comparten el idioma. Sin embargo, su peculiaridad insular y su prosperidad económica debido al turismo la han mantenido alejada de conflictos territoriales, creando una identidad propia e integrada en el conjunto del Estado. 

Volviendo al centro peninsular, al igual que hubo cambios territoriales en la meseta norte, la meseta sur también cambió de estructuración. La gran unidad hasta entonces había sido Castilla la Nueva, que obtuvo su autonomía con el nombre de Castilla-La Mancha debido a motivos históricos y culturales. Sin embargo, Madrid no entró en esa autonomía debido a sus características propias: mucha mayor población que las demás provincias juntas, una economía muy diferente y ser la sede de la capital del país. Tampoco podía integrarse en Castilla y León así que se barajaron otras dos opciones: convertir al municipio de Madrid en una especie de distrito federal y dejar el resto de la provincia en Castilla-La Mancha, o crear una comunidad autónoma diferenciada a pesar de no tener una identidad regional o histórica propia, utilizando el artículo de la Constitución que permite la creación de comunidades autónomas por interés nacional. Esta última vía fue la elegida y se creó la Comunidad de Madrid con su propio estatuto, parlamento regional y gobierno autonómico. 

Por otro lado, la provincia de Albacete, que hasta entonces había estado con Murcia, se integró en Castilla-La Mancha al compartir espacio geográfico y tras un cierto conflicto entre las dos provincias. La Región de Murcia quedó como comunidad autónoma diferenciada amparándose en sus derechos históricos y culturales. 

En el oeste Extremadura se constituyó en comunidad de manera bastante consensuada al ya existir previamente como región. Se eligió como nueva capital autonómica a la ciudad de Mérida, importante urbe en época romana, como símbolo de una nueva Extremadura.

El sur peninsular tuvo algo más de debate. Primero se cuestionó si toda Andalucía debía formar una comunidad autónoma (hay que destacar que en el proyecto federal de 1873 se hablaba de una Andalucía Occidental y otra Oriental). Una vez elegida esta opción por motivos de clara similitud cultural e histórica, se impulsó un referéndum en los municipios andaluces para que Andalucía adquiriera la autonomía por la vía rápida, lo cual finalmente consiguió. Actualmente, es una comunidad clave dentro de España por el peso demográfico que le da ser la más poblada del país. Las ayudas de la Unión Europea y estatales han permitido un desarrollo notable de la región, aunque manteniendo lacras como un alto nivel de paro. 

Para ir acabando, destacar que rápido que se entendió que las Canarias debían formar una comunidad autónoma, teniendo en cuenta sus peculiaridades debido a su lejanía geográfica. Dentro de Canarias además, siempre ha habido cierta disputa por el liderazgo entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, capitales de las dos islas principales y más pobladas, por lo que se decidió una solución salomónica: ambas son capitales autonómicas (caso único en España) con Santa Cruz como la sede del parlamento canario y Las Palmas como sede de la delegación del gobierno estatal. Actualmente, son una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea debido a sus características diferenciadas. La identidad propia canaria es muy fuerte pero su pertenencia a España nunca ha sido muy contestada. 

Por último, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se crearon en 1995, cuando dejaron de pertenecer formalmente a Andalucía. No tienen las mismas competencias que las comunidades autónomas pero sí tienen más que los ayuntamientos normales debido a su localización en África y fronterizas con Marruecos (que las reivindica como parte de su territorio a pesar de que nunca pertenecieron al Protectorado marroquí). En cuanto a las Plazas de Soberanía menores que España posee en la costa norte marroquí (las islas Alhucemas, el Peñón de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas) dependen directamente del Gobierno de España y no tienen población civil sino solo destacamentos militares. Otras dos plazas de soberanía tienen un estatus diferente: la isla de Alborán pertenece a Andalucía al ser parte del municipio de Almería, y el islote de Perejil, motivo de disputa entre España y Marruecos, actualmente está en litigio y sin ocupar por ninguno de los dos países por acuerdo recíproco. 

Hay que añadir que en las comunidades autónomas uniprovinciales se eliminaron las diputaciones para evitar la superposición de competencias entre ejecutivo autonómico y provincial. En las demás, se mantiene la existencia de las diputaciones provinciales aunque no sin cuestionamientos sobre su utilidad.

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